Periodismo de Opinión
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Así habrían quedado unas 370 PYMES tras la decisión que se adjudica al gobierno nacional, por haber suspendido los aportes comprometidos tras acreditarse condiciones para el desarrollo productivo de diversos rubros, y el posterior proceso exportador. Los programas de apoyo a empresas no son una novedad puesto que tienen continuidad en varios gobiernos aunque en cada cambio de gestión, por ejemplo de Macri a Fernández, se demoraron los desembolsos pero no como ahora ocurre con Milei que no han recibido dicho sustento. Además se supo que desde la Secretaría PyME mediando las respectivas auditorías internas y externas no se observaron razones que justifiquen la suspensión del financiamiento. Todos los emprendimientos cuentan con el respaldo emergente de controles y avales de estilo, que oportunamente efectuaron incluso funcionarios que siguen vigentes en sus cargos. Lo concreto es que según información oficial, respecto de los “Aportes No Reembolsables” producto de la ejecución del Programa Potencia Pymex, impulsor de exportaciones, “No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo, en el Fondep hace tiempo que está todo parado”. Mientras tanto los empresarios comprometidos con dicho proceso productivo ya han pagado los conocidos seguros de caución ante las demoras por falta de recepción del flujo crediticio. Tema que motivara consideraciones como que “El aporte del Estado es una zanahoria para avanzar con la inversión, en nuestro caso no representaba más del 20% del total. Nosotros presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas, incluso nos vinieron a inspeccionar y nos dijeron que estaba todo en orden, pero ahora no nos quieren pagar”. Asimismo la queja incluye el reclamo por la no atención de parte de dicha Secretaría, desde donde ni siquiera los atienden telefónicamente a los reclamantes de la continuidad del proceso pactado. Otra muestra más de las deudas que mantiene el gobierno nacional a partir de las restricciones impuestas en materia económica, que en este caso, genera deudas por incumplimiento productivo y de hecho de capital, por las maquinarias adquiridas teniendo en cuenta los aportes que se han suspendido, y que ascendería a más de $ 20.000 millones según la estimación de diciembre de 2023. 271024 |
